Empresas podrían verse beneficiadas fiscalmente si amplían sus operaciones en El Salvador, lo anterior, tras la aprobación de la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones.
Lo que se busca con esta ley es que las empresas que se decidan a ampliar sus inversiones en El Salvador, en diferentes áreas reciban beneficios fiscales, lo cual a su vez generará más proyectos en los que los salvadoreños puedan trabajar.
Según se lee en el portal web de la Asamblea Legislativa “El marco legal se aplicará a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que cuenten con al menos 10 años de operación comprobable en El Salvador y que amplíen su inversión en sectores como textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéutica, productos para la construcción, papel y derivados”.
Sobre ello expresó la diputada por Nuevas Ideas, Dania González, según lo reporta el sitio web de la Asamblea Legislativa que “Se estiman que al menos 3 mil empresas puedan beneficiarse de este marco de incentivos, lo que contribuiría significativamente al crecimiento económico y a la atracción de nuevas inversiones”.
Imagen/Cortesía
Dependiendo de la inversión que se realice, las diferentes empresas tendrán incentivos fiscales, dependiendo del dinero destinado para desarrollar nuevos proyectos o compra de maquinaria nueva.
De igual manera, compartieron otro beneficio que tendrán al realizar su expansión de negocios: “Además, los beneficiarios estarían exentos del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces por la adquisición de inmuebles destinados a la expansión, siempre que se mantengan en uso por un mínimo de cinco años”.
Para finalizar también brindaron los requisitos que deberían cumplir quienes decidieron invertir para expandir sus operaciones en El Salvador; por lo que, mencionaron los siguientes detalles:
“Para acceder al beneficio, los inversionistas deberán realizar actividades de expansión como la apertura de nuevas líneas de producción, construcción o adquisición de infraestructura industrial y logística, compra de maquinaria y tecnología, creación de centros de investigación y desarrollo, y ampliación de la capacidad productiva. La normativa aclara que estos proyectos no podrán implicar la simple sustitución de activos ni la reducción de las operaciones existentes”.
