El Gobierno de Guatemala dio marcha atrás en la implementación de la Ley de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil contra Terceros, una normativa que exigía a todos los propietarios de vehículos contar con una póliza que cubriera daños a terceros en caso de accidentes de tránsito.
La decisión fue anunciada luego de múltiples críticas por parte de diversos sectores, incluidos transportistas, empresarios y ciudadanos, quienes argumentaban que la medida representaba una carga económica adicional sin que existieran condiciones adecuadas para su aplicación.
El Decreto 17-2020, que establecía la obligatoriedad del seguro, entraría en vigencia en abril de 2025. Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo y su gabinete optaron por suspenderlo ante la presión social y los cuestionamientos sobre su viabilidad.
Impacto en el sector asegurador y empresarial
La revocación de la medida ha generado opiniones divididas en el sector económico. Mientras que los transportistas y propietarios de vehículos celebran la decisión, las aseguradoras y algunos gremios empresariales han expresado su preocupación sobre las consecuencias de no contar con un mecanismo que garantice la cobertura de daños en accidentes.
“El seguro obligatorio permitiría reducir los costos de accidentes viales y garantizar una mejor protección para las víctimas. Sin embargo, la falta de claridad en la regulación y la forma en que se pretendía implementar generaron resistencia”, afirmó un representante del sector asegurador.
Por su parte, economistas y analistas han señalado que la falta de un esquema de cobertura obligatoria podría incrementar la carga financiera en el sistema de salud pública y afectar la seguridad vial.
El Gobierno guatemalteco ha indicado que evaluará nuevas opciones para promover el acceso a seguros vehiculares sin imponer una obligación generalizada. Entre las alternativas mencionadas se encuentra la creación de incentivos para que los propietarios adquieran seguros voluntariamente y el fortalecimiento de campañas de educación vial.
La decisión de revocar la ley pone en pausa una discusión clave sobre la seguridad y la responsabilidad en las vías del país, dejando abierta la posibilidad de futuros ajustes en la normativa para encontrar un equilibrio entre protección y accesibilidad económica.
